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25 abril, 2024
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La violencia regresa a Colombia cuatro años después

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Hace cuatro años, el expresidente de Colombia Juan Manuel Santos y la extinta guerrilla de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) llegaron a un acuerdo de paz. Un momento histórico para el país, que desmovilizó a más de 13.000 combatientes integrándolos en la vida civil. «Logramos sentar las bases par la construcción de una paz estable y duradera», afirmó Santos en el 2016. Sin embargo, el Gobierno colombiano no ha conseguido controlar algunos territorios que estuvieron dominados por las FARC. En estos lugares, además, existe un gran problema con el narcotráfico.

Un informe de la Fundación de Ideas para la Paz (FIP) asegura que «la violencia organizada continúa y en los años recientes se ha hecho más intensa». Aunque dan la razón al expresidente Santos que considera que «gracias al acuerdo se han salvado miles y miles de vidas». Los datos dan la razón, los asesinatos de militares y policías en acto de servicio han pasado de 219 en 2015, a 97 muertos en lo que va de año. La FIP sostiene que ya no se puede hablar de una guerra de «orden nacional», pero «la violencia en los municipios afectados por el conflicto se incrementó en el posacuerdo».

FIP: «La violencia organizada en Colombia continua focalizada en ciertas regiones»

En la firma del acuerdo se priorizaron 170 municipios en los que se encuentran los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). En ellos se concentran el 24% de los homicidios del país, a pesar de representar solo el 13% de la población colombiana. Los datos de la FIP reflejan que los asesinatos en los municipios PDET bajaron notablemente con el cese de las FARC, pero ascendieron rápidamente tras oficializar el pacto.

El narcotráfico y la minería ilegal suponen «disputas por el poder local con intereses en economías ilícitas, mientras que la ideología se debilita». En estas zonas, mayoritariamente rurales, se disputan el poder organizaciones armadas como el grupo narco paramilitar ‘Clan del Golfo, la guerrillera del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y los disidentes de las desaparecidas FARC.

Según la FIP, las acciones de los grupos armados han aumentado un 65% en comparación con el primer año antes de firmar el acuerdo. «Antes del cese al fuego de las FARC, el 78% de las acciones armadas eran responsabilidad de esta guerrilla», una vez extinta, el 38% se atribuyen al ELN y otro 34% a distintas disidencias.

tasa de homicidios en municipios pdet

Entre las distintas razones, la FIP señala que existe una gran desconfianza en la Fuerza Pública y una falta de legitimidad del Estado entre los ciudadanos.

 

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