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1 agosto, 2021
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La Justicia de Bolivia mantiene la prisión preventiva de Añez durante seis meses por el caso ‘golpe de Estado’

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La Justicia de Bolivia ha determinado este sábado mantener la orden de detención preventiva y ampliarla de cuatro a seis meses contra la expresidenta Jeanine Áñez, mientras avanza la investigación en su contra por presunta sedición, conspiración y terrorismo, en el caso ‘golpe de Estado’.

Durante una audiencia de apelación extendida durante ocho horas, la Procuraduría General del Estado; la Fiscalía y el Ministerio de Gobierno de Bolivia han solicitado a un juzgado de La Paz ampliar el período de reclusión a seis meses a los acusados y detenidos en este caso entre los que también se encuentran los exministros Álvaro Coimbra y Rodrigo Guzmán.

Frente a esta decisión, en la cuenta de Twitter de la exmandataria, se ha compartido un certificado médico con fecha de 18 de marzo de 2021 en la que se indica que “padece de hipertensión” y que “actualmente padece de un nuevo episodio de crisis hipertensiva” por lo que “se debe monitorizar y medicar de manera apropiada, para preservar el estado de salud”.

Añez

Desde el pasado viernes, se ha solicitado el traslado de Añez a una clínica por su estado de salud; una decisión que fue avalada por un juzgado de La Paz pero revocada por la Procuraduría del país. Finalmente, la madrugada del sábado, Añez fue traslada desde la cárcel de Obrajes; donde estaba retenida desde el pasado lunes, hasta un nuevo centro penitenciario, el de Miraflores.

Esta decisión ha sido justificada “por razones de seguridad y para que cuente con condiciones y equipos para atender su problema de salud”, según indicó el director del régimen penitenciario, Juan Carlos Limpias al diario ‘La Razón’.

El exministro Coimbra ha compartido en su cuenta de Twitter un mensaje en el que critica esta decisión de “ilegalidad y abuso”.

Los tres acusados habían sido enviados a la cárcel el domingo 14 en una audiencia cautelar en la ciudad de La Paz. Fueron aprehendidos en Beni en cumplimiento de órdenes fiscales emitidas dentro de la denuncia presentada por la exdiputada Lidia Patty; para que se establezca responsabilidades en la dimisión del expresidente Evo Morales, en noviembre de 2019.

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